Lucas Lecour

“Buscan limpiar la ciudad”

Por Jimena Marín / Fotos Leandro Fernández

Historia y DDHH Entrevista / 11 OCT 2018

Ya se encuentra vigente en nuevo Código de faltas en Mendoza. Lucas Lecour, abogado especializado en derechos humanos nos explicó lo que significa su aplicación.

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El martes 2 de octubre se aprobó en el Senado Provincial la Reforma del Código de Faltas mendocino. Las nuevas contravenciones implican multas y días de arresto contra ciertos comportamientos cotidianos de la población. Muchos de ellos, derechos avalados por mandatos superiores, como la propia Constitución Nacional.

Para entender un poco más lo preocupante de su aprobación e implementación, en Sin Retorno invitamos a Lucas Lecour, abogado especializado en derechos humanos y presidente de Xumek, Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos.

“Una de las críticas que nosotros hacemos a este Código es que tiene características muy ambiguas en su lenguaje. (…) Entonces, el oficial va a interpretar que estás cometiendo una falta o no, según el estado de ánimo de él y no según lo que dice el código. Implica una terminología muy abierta que puede conllevar a discriminación al momento de aplicarse la falta”, explicó Lecour.

Señaló como un caso “la actitud sospechosa”. Si bien el Código expone algunos ejemplos que guarda relación con la tentación de algunos delitos, deja abierta a la interpretación del oficial si el accionar de otras personas es o no sospechoso y, a partir de ello, si merece su detención y posterior imputación.

“Esta facultad discrecional que tiene la Policía de detención por averiguación de antecedentes y que nosotros hemos denunciado de inconstitucional, se ven ampliadas ahora por la posibilidad de detener por actitud sospechosa. Logro meterle una falta, dejarlo detenido por 12 horas mientras se le imputa la falta que luego la persona deberá responder en un proceso judicial en el juzgado contravencional. (...) Y va a caer sobre las mismas personas”, destacó.

Al respecto, el abogado manifestó que los estudios llevados adelante por Xumek, dan cuenta que las faltas se imponen sobre jóvenes de entre 18 y 30 años, de los barrios más humildes  de Mendoza. Y sobre ese total, el 99% de los casos recupera la libertad, ya que no tuvo ningún sentido su sanción. Estos datos demuestran cómo se malgastan recursos del Estado y se enfoca en criminalizar la juventud, la pobreza y ciertos sectores de la población. Y, además, genera mayor alarma que sea sólo la palabra del oficial a cargo la que determine quién, por qué y de qué es sospechosx aquel detenidx, plausible de imputación. 

Poca discusión y mucho en juego

El antiguo código que regía en Mendoza era muy antiguo, de 1965, y la provincia, una de las últimas en no actualizarlo. Sin embargo, no eran estos cambios los que se esperaban y promovían desde los sectores que defienden los derechos humanos de todas las personas, sobre todo, de aquellas más vulneradas por el sistema.

Lucas recordó que este código “atraviesa toda la población mendocina y afecta las relaciones de convivencia entre mendocinos y mendocinas”. Por lo cual debería haber sido discutido y debatido con “la altura democrática y republicana que exige un código contravencional”. Y en ese punto advirtió:

“Esto no se discutió, pasó por una sola comisión, no hubo dictamen de esa comisión y fue directamente al tratamiento. Éste se hizo con el oficialismo, la oposición se retiró. Un oficialismo con algunos acompañantes que están siempre ahí, negociando su voto y que le permitió darle quórum. Y los pocos aportes que se hicieron fueron gracias a la presión social y porque era ya algo demasiado burdo”.

¿Problemáticas sociales o faltas?

Entre los ejemplos más resentidos y criticados que propuso esta reforma, el abogado señaló que se quitó el inciso que hablaba de “incitar al tumulto o la turbación, a la amenaza o al insulto por medio de redes sociales”. Sin embargo, se conservó la letra que alude a sancionar quien promueva estos actos “por cualquier medio público”, lo cual, dependerá también de la lectura que realice quien lo aplique, si incluye o no estas plataformas.

Además, se modificó el artículo que prohibía las “ofensas a funcionarios públicos”. La norma apuntaba a proteger a políticos en ejercicio de la expresión de descontento social, en periodos de crisis, como escraches, gritos, etc. Se sostuvo, entonces, sólo el "desacato en su versión original, que recae sobre el funcionario policial". Y esta figura ya había recibido duras críticas, incluso con un fallo de la Corte de Nación considerándolo inconstitucional como delito, ya que se entiende que cualquier funcionario tiene un deber de mayor tolerancia ante este tipo de actos. 

Por otra parte, el nuevo código busca sancionar la deserción escolar, sin detenerse en indagar causas, en buscar soluciones multidisciplinares (como la propia y múltiples realidades sociales exigen), en observar condicionantes y factores que determinan el alejamiento de jóvenes del sistema educativo. Sanción sin diagnóstico y sin reales soluciones a un tema que afecta a muchas familias y a la sociedad toda.

Los ejes de la reforma

Lucas Lecour destacó dos aspectos fundamentales que busca cercenar este nuevo Código Contravencional.

1. El derecho a la protesta, a la reunión y libre expresión.

El código sanciona (la protesta y reunión) sino se pidió autorización previa. Se trata de un derecho constitucional. Nunca puede estar regulado de esta manera y lo quieren dibujar diciendo que esto es para garantizar la seguridad de las personas que vayan a participar de dicha reunión. En un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, republicana, el derecho de reunión es sagrado”.

2. La criminalización de la pobreza

Lucas indicó que le preocupa la criminalización que se hace de los cuidacoches, los limpiavidrios, de la mendicidad. Por una parte, en la persecución y sanción de las tareas que realizan para poder subsistir.  

“Sancionar esto, en época de crisis, es bastante hipócrita por parte del Estado”, resaltó.

Y por otra parte, también es alarmante cómo las distintas sanciones recaerán de modo diferente en las distintas clases sociales, atacando en mayor medida a los sectores más vulnerados.

“Este código prevé modificaciones de las sanciones o prevé distintas penas (,,,) Pero todos aquellos que puedan pagar la multa o realizar un trabajo comunitario porque tienen tiempo, van a evitar el arresto. El arresto va a quedar para ese sector de la sociedad que no tiene dinero para pagar la multa y que no tiene tiempo para hacer trabajo comunitario porque debe trabajar para vivir. Ellos van a ser las víctimas del sistema, principalmente”.

Recaudar, disciplinar y "limpiar"

Este nuevo código el Estado y sus gobernantes apuntan a recaudar y disciplinar.

“Va a recaudar con aquellos que puedan pagar y va a disciplinar con aquellos que no puedan. Y va a servir también, de alguna manera, de una limpieza de la ciudad de las personas que ellos no quieren ver”.

Pero no todo es negro y definitivo aún. Lucas Lecour manifestó que aún hay posibilidades de dar una vuelta atrás, con los artículos más controvertidos y que se consideren inconstitucionales:

 “Estamos armando algún planteo de inconstitucionalidad y ojalá consigamos que la Justicia de vuelta atrás”.

Por Jimena Marín / Fotos Leandro Fernández

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