Estado e infancia en Chile

Entre la privatización y la vulneración de derechos

Por Pablo Paredes D. Zárate / Fotos Gentileza @Inse.Chile

Historia y DDHH Cobertura / 08 ABR 2020

En Chile, el 96% de los programas para infancias están tercerizados y sus trabajadorxs subcontratadxs. Además, existen denuncias de abusos e irregularidades y el contexto de pandemia agrava la situación.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es el encargado de ejecutar la política de infancia en Chile, bajo subordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde que se desató el conflicto social se suman cada vez más voces pidiendo una reforma integral (o el fin) del Sename como estrategia del Estado para abordar la infancia.

El conflicto se plantea desde dos aristas: por un lado, la situación de desregulación en la que viven lxs trabajadores que forman parte de los programas; y por otro, la vulneración sistemática de los derechos de niños y niñas.

Pablo Valdebenito explica que más del 96% de los programas que abordan la infancia en Chile están en manos de privados, ya que el Estado terceriza. Valdebenito se desempeña en uno de los programas del área de Justicia Juvenil del Sename y forma parte del SINTRASUB-SENAME, sindicato interempresas formado recientemente, que busca poner sobre la mesa el total desamparo de lxs trabajadores y “cómo dicha precariedad incide en la vulneración de derechos de la niñez".

El abordaje de la infancia, tercerizado

“El 96,2% de la política de infancia es a través de los famosos Organismos Colaboradores Acreditados de Sename (OCAS). Nosotrxs sostenemos que trabajamos bajo la lógica de subcontratación. Si uno lee la ley de Subcontrato en Chile, que surgió en el año 2007 a partir de las protestas del sector minero, se puede ver que nuestras condiciones son las mismas. La oferta directa del Sename representa el 3,8% del total”, manifesta Valdebenito.

En el año 2005, con la promulgación de la Ley 20.032, se habilita la creación de los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename. A la fecha, existen alrededor de 450 OCAS, aproximadamente, y “un dato reciente es que, de la totalidad sólo 15 reciben cerca del 52% de los recursos, por lo que podríamos estar hablando de un oligopolio”, asevera.

En el último inciso del artículo 65, se “señala que el Sename no tendrá relación alguna con lxs trabajadores de los Organismos Colaboradores Acreditados del Estado. Sin embargo, el Sename a nosotrxs nos exige poner su logo en cada documento, en las plataformas virtuales, nos manda a capacitaciones, reuniones y nos supervisa constante y cotidianamente, pero no se mete en el orden laboral. Por lo tanto, funciona como una empresa contratista, pero la ley dice que no”, explica el referente.

En 2008 el propio Servicio Nacional de Menores fue a la Contraloría General de la República a consultar si existe subcontratación y “en un fallo bien cuestionable dijo que no existe subcontratación por el artículo 65”.

Ese mismo año, el 31 de octubre, se constituyó el sindicato interempresas (con presencia en más de 30 de esas 450 OCAS sólo en el primer año desde su constitución) y el 21 de noviembre  solicitaron una reconsideración del dictamen N° 8.344. “Todavía no tenemos respuesta y eso a nosotrxs como sindicato nos genera suspicacia porque deben estar viendo de qué manera responder para legalizar la subcontratación encubierta. Porque si ellos dicen que hay subcontratación en el Sename, muchos elementos deberían entrar a cambiar”.

A partir de esta realidad es que desde el sindicato creen que para el Estado un niñx tiene un valor económico a partir del programa que lo acoge: “Cada niñx vale aproximadamente 150 mil pesos, dependiendo de la línea de los programas. Pero no hay una regulación de escala de salarios. Por ejemplo, mi programa está dentro de una condición de privilegio en relación a un montón de otros colegas. Líquido me quedan 780 mil pesos, cuando hay otros que, por hacer el mismo trabajo, pero bajo otra empresa, pueden ganar la mitad de eso. Eso no tiene regulación y queda totalmente sujeto a la lógica de cada empresa”. 

- ¿Pero al mismo tiempo, si tu programa deja de ejecutarse, vos te quedas sin trabajo?

- Exactamente. Todxs quienes trabajamos en la red privada del Sename pasamos bajo licitaciones que, por lo general, son de dos años, pero que hoy por hoy en algunos programas del área de Protección son cada un año. Es nefasto porque, finalmente, los chicos y las chicas se desenvuelven en distintos programas y el diseño de la política social no es estatal, va cambiando cada cuatro años, de acuerdo al gobierno de turno. Además, los programas se van intercalando entre distintas empresas.

- ¿Cómo funcionan los programas del Sename?

- Sename tiene tres áreas de trabajo: adopción, justicia juvenil y protección. Yo trabajo en Justicia Juvenil y de ahí se derivan un montón de programas de diferentes sanciones judiciales en el fondo. En mi caso, estoy trabajando en lo que es la libertad asistida especial, que articula con otros programas como el Socioeducativo, el de Intermediación Laboral, con el área de Salud, con el Servicio de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas y con programas ambulatorios intensivos. Entonces, hay al menos cuatro programas y por lo menos 8 ó 10 profesionales interviniendo con lxs mismxs cabrxs y las mismas familias, con dificultad de generar complementariedad en esos procesos. Cada programa responde a sus propias normas técnicas, no hay una lógica integral de la atención, que debería planificarse desde el Estado. Finalmente queda en la voluntad de cada profesional. 

- ¿Tienen indicadores de éxito de cada programa?

- Sí, aunque los indicadores de éxito también son bien subjetivos porque, finalmente, están supeditados al plan de intervención que se genere con cada chicx y hay procesos de evaluación cuando se terminan los proyectos cada fin de año, pero tampoco son procesos estandarizados. Cae mucho en la lógica del supervisor de parte del Sename el cómo quiere evaluar los programas. Hay programas muy bien valorados, pero también porque hay relaciones entre las empresas y en Sename. 

- ¿El Estado financia al Sename, tiene un presupuesto asignado? ¿O los programas funcionan de acuerdo a lo que las empresas aporten?

- Sí, hay orientaciones técnicas y ahí se define el gasto por ítem. El Estado lo que hace es pagar la subvención por cada niñx y hay un presupuesto anual destinado para la licitación de programas, además del 3.8% de ejecución directa del Sename.

Posibles cambios, pero no de fondo

En el último tiempo, según explica Valdebenito, se busca fraccionar al Sename, que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo que se pretende es que el área de Justicia Juvenil quede en el Ministerio de Justicia, pero que el área de Adopción y Protección dependa del Ministerio de Desarrollo Social.

“Eso significa que cambia la administración, los nombres de los programas, pero en términos concretos no cambia el sistema en nada. Significa que habrá más inyección económica para las empresas sin un rediseño completo de la política social", explica el referente. 

Y, agrega, "Nosotrxs como sindicato estuvimos en agosto del año pasado en el Congreso de la Nación integrando la Comisión Especial de Asuntos Destinados a la Infancia, de la Cámara de Senadores y fuimos a exponer porque, de las 25 personas que asistieron, éramos lxs únicxs trabajadores de la red privada del Sename, el resto eran empresarixs sociales. Expusimos nuestras condiciones de precarización y ahí nos dimos cuenta que ellxs no conocen la situación en la que estamxs”.

La infancia, vulnerada violentamente

“En las residencias de protección hay maltrato físico sexual, entre niños, niñas y por parte de educadorxs. Eso existe. La cifra se ve abultada porque han muerto niñxs que están bajo algún programa del Sename, pero no residencial”, relata Valdebenito.

Un informe publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) el año pasado, a partir de un expediente que presentó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) a la Justicia, da cuenta de la existencia de 2071 casos de maltratos graves, de los cuales 310 incluyen abuso sexual. Estos números corresponden sólo al año 2017.

Asimismo, la PDI realizó una investigación a partir de un requerimiento del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, que indaga “las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa”, ocurrida en abril de 2016. Este extenso (257 páginas) fue presentado a la Fiscalía en diciembre de 2018, con copia al gobierno nacional, pero no se hizo público hasta que el Ciper accedió a los detalles. 

Esta realidad motivó a la sociedad chilena a exigir una reforma profunda en el Sename (o su transformación total en otro organismo). En las calles el pueblo pide un abordaje de la infancia que cambie radicalmente lo que viene sucediendo.

“Que no se laven las manos con nuestra salud”

El Sindicato Subcontratados/as Sename ha hecho este reclamo público, ante la falta de elementos de protección en las residencias, insumos que hoy no se consiguen por falta de stock: “Ha habido harta improvisación y desconocimiento. Casi el ciento por ciento de los programas trabajan remoto pero, lo más complejo, ha sido las residencias de protección. Allí, en algunos casos, han hecho que el personal de trato directo, que son los que están en las residencias y probablemente lxs más precarizadxs de la red privada del Sename, vayan 15 días seguidos. Que cumplan la cuarentena en las residencias. Estamos con monitoreo diario de esto”, relata Valdebenito.

Y el enojo es más fuerte porque desde el sindicato presentaron un protocolo desde el primer día a Sename “y a la fecha no tenemos respuesta de eso”.

¿Habrá reacción rápida a los reclamos más urgentes? La situación de lxs trabajadores es angustiante y la de lxs niñxs totalmente inimaginable, más aún en este contexto de pandemia.

Creado durante la dictadura de Pinochet, el Sename es uno de los organismos más cuestionados, con innumerables denuncias de irregularidades. Fue señalado en cada manifestación desde que inició el estallido social porque la precariedad parece ser el rasgo característico de la política de infancia en Chile. El aislamiento social no podrá frenar para siempre el ímpetu de una sociedad que se cansó y exige que se la respete.

Por Pablo Paredes D. Zárate

Lic. en Ciencias de la Comunicación. Periodista gráfico. Un viajero que tiene hoy su puerto en Villa María, Córdoba, pero con el mapa del mundo siempre presente. Fue jefe de Redacción en Puntal Villa María y hoy escribe para Villa María Ya Le apasiona contar historias, mínimas y gigantes, de personas y colectivos. Lee todo lo que puede y hoy asume el desafío de la comunicación y el mérketing digital. Algunos referentes: Pedro Brieger y Mariano Saravia, por su trayectoria y pensamiento; Mario Pergolini, por su capacidad de innovar en el periodismo. Muchxs más. Hoy: home office 24/7 con el firme convencimiento de que todo lo que vendrá será mejor.

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