Golpe de Estado en Bolivia

Primeras declaraciones de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia

Por Gentileza Prensa

Historia y DDHH Opinión / 02 DIC 2019

La delegación argentina en Bolivia brindó conclusiones preliminares de su misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales del pueblo boliviano.

La delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacadxs profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidxs políticos y otrxs actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares y personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinxs e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación contextualizó el presente político, señalando que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

Lxs actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, lxs actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, se debe destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales.

En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad. La delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones: 

  1. Masacres en Senkata y Sacaba: la primera con nueve muertos y la segunda con seis.
  2. Desapariciones de personas: a lo cual se suma  una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.
  3. Torturas, violaciones y delitos sexuales: se constataron situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales, así como diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves, propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Se recibieron testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros por parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población. 
  4. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares: que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista. 
  5. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales: se constató la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos.
  6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa: diversos testigxs relataron la existencia de listas negras. Asimismo, se constató que numerosxs militantes y dirigentes políticos, así como funcionarixs del gobierno derrocado, que se encuentran detenidxs, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, lxs defensorxs públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas. 
  7. Represión de manifestaciones públicas: se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.
  8. Restricción manifiesta de la libertad de prensa: la delegación tomó contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.
  9. Promoción del racismo y los discursos de odio: se verificó la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositorxs y de movimientos sociales. Se han comrpobado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.
  10. Negación de salvoconductos para perseguidxs políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción: se ha verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.
  11. Inacción y encubrimiento del poder judicial: el cual se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionadxs para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidxs. Se constató una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia. Para la Delegación fue imposible reunirse con funcionarixs del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.
  12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales: la delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, la misma fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajerxs y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fueron abordadxs por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembrxs de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas lxs agredieron verbal y físicamente y lxs amenazaron. 

En todo momento, durante la visita de esta delegación a Bolivia, fueron vigiladxs, seguidxs y espiadxs en todas las actividades que realizaron.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altxs funcionarixs, no deja duda alguna a la delegación para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, hace un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados.

En particular, recibieron denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación se comprometió a redactar y dar a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de su nuestra visita. 

Las personas que integraron dicha delegación son lxs siguientes reconocidxs profesionales, especializadxs en la temática de Derechos Humanos: Agustin Lechi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire  

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