Caravanazos

Despertar ante lo injusto

Por Sin Retorno / Fotos Gentileza Melisa Fozzatti

Sociedad Economía / 30 SEP 2020

Mientras familias y educadorxs sostienen la educación en una provincia con el 41,5% de pobreza, el Gobierno de Mendoza impone debatir un nuevo modelo de ley educativa.

En un contexto de pandemia mundial, derivado del colapso de un sistema capitalista que sobreexplota todo lo que está a su paso, el gobernador Rodolfo Suárez y el Director General de Escuelas, José Thomas, intentan modificar la Ley de Educación Provincial. Una vez más a espaldas del pueblo, como en diciembre de 2019 con la 7722, pretenden imponer otra ley antidemocrática. 

El acceso a la educación y el derecho a un ambiente sano están relacionados y es necesario plantear esta relación desde la perspectiva del modelo de (Mal) Desarrollo que nos ha traido hasta acá y que vulnera derechos sociales y humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano y el acceso a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. 

Hoy el mundo está en caos por la acción de un virus de origen zoonótico, directamente relacionado a la cultura ambiciosa de producción y explotación de la vida y la naturaleza, que ha puesto en evidencia cómo el sistema ha sobrepasado tanto los límites físicos que permiten la sustentabilidad del planeta como las desigualdades generadas. 

El proyecto de Ley de Educación viene de la mano del sector que legitima el monocultivo, el sistema de agrotóxicos, la megaminería, el desmonte, el fracking, las malas prácticas inrnobiliarias, etc. El proyecto presentado tiene el mismo espíritu que el extractivismo: ser un sistema de despojo. 

En este no se garantiza la inclusión, implica la pérdida de derechos fundamentales de las y los trabajadores del sector, se mercantiliza la educación. El gobierno, tras la fachada de un supuesto eficientismo, busca ajuste, privatización, y precariedad, dejando desprotegidos a los sectores y regiones con mayor vulnerabilidad, que han tenido en la educación pública el acceso a una vida más digna. 

Sabemos de la necesidad de seguir debatiendo como sociedad la educación que necesitamos para afrontar un futuro que requiere cambios urgentes. El gobierno de Mendoza lo ha hecho en el peor contexto y negándole al pueblo la posibilidad de un debate genuino que el tema requiere. Rutina que ha instalado desde hace años. 

Lo sucedido respecto a la Ley 7722 nos obliga a las AMPAP a preguntarnos también cómo este proyecto contempla la protección de los bienes comunes naturales y cómo se relaciona con la historia reciente del pueblo mendocino en cuanto a la defensa y cuidado de los mismos, como proceso histórico social de una relevancia nunca vista. 

Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura repudiamos los intentos de modificación de la Ley de Educación provincial en momentos de emergencia sanitaria, económica y educativa. Ratificarnos nuestra lucha a favor de la Educación Pública como derecho social y como responsabilidad indelegable del Estado, que debe garantizar infraestructura y procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en un ambiente sano, para la construcción de una sociedad sustentable. 

Repetimos una vez más que la salida es colectiva, agroecológica y ecofeminista porque sin justicia social no hay justicia ambiental y sin ellas no hay educación posible. 

LA EDUCACIÓN, COMO EL AGUA DE MENDOZA, NO SE NEGOCIAN. 

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Fuente: AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) 
Fotos tomadas en los Caravanazos en Casa de Gobierno de Mendoza el 29 de septiembre de 2020

Por Sin Retorno

/ Fotos Gentileza Melisa Fozzatti

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