Aborto Legal

Los costos de la clandestinidad

Por Gentileza Prensa

Género / 09 DIC 2020

Mientras se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, te compartimos datos concretos sobre los costos de la clandestinidad del aborto en la Argentina.

Tras la obtención del dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, y su pronto tratamiento en la sesión de este jueves y viernes, repasamos los datos del Informe elaborado por el Observatorio de Géneros de CEPA respecto de la clandestinidad de las prácticas de aborto en la actualidad.

Relación casos y costos

Entre los argumentos esgrimidos por los sectores conservadores y antiderechos contra la legalización del aborto nos encontramos con la afirmación que dicha ley promoverá un aumento considerable de esta práctica y, por tanto, un mayor costo a asumir por la salud pública.

Al respecto, compartimos los datos presentados en el informe “La economía del aborto: el costo fiscal oculto del aborto clandestino y la importancia de su legalización”, del Observatorio de Géneros de CEPA. 

Cantidad de abortos anuales en Argentina

Según un estudio realizado por Silvia Mario y Edith A. Pantelides en el año 2009, se estima que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos por año, lo cual en promedio arroja un estimado de 447.000. Dicho número es consistente con el último dato arrojado por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), el cual ronda los 450 mil abortos al año.

Asimismo, los últimos datos disponibles de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de Nación, arrojan que: 

"en promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en nuestro país".

Estos egresos representan los abortos clandestinos que se tradujeron en complicaciones y que, por ende, requirieron hospitalización.

El aborto es una de las prácticas obstétricas más seguras si se cumplen los requisitos de atención médica (Raymond & Grimes, 2012), pero cuando las condiciones no ocurren de esta manera, representa un procedimiento riesgoso que contribuye a la mortalidad materna.

En Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018, el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos.

Sin embargo, es importante mencionar que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos se encuentra sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica.

El costo de la clandestinidad

Cuando una persona gestante tiene que recurrir al sistema de salud por un aborto incompleto, el cuadro puede presentar diversos niveles de gravedad, de acuerdo con el tipo de complicación que derive de las prácticas de abortos provocados en situaciones de riesgo.

Considerando un cruce interdisciplinar con saberes médicos, el informe cuantificó el costo de los tratamientos hospitalarios asociados al nivel de gravedad del cuadro de salud del/la paciente que ingresa.

Así se construyeron tres categorías para agrupar los niveles de gravedad de dichas complicaciones y, en consecuencia, el tipo de tratamiento e intervención que se requiera para salvaguardar la salud de la persona gestante. Estas categorías son: Abortos Incompletos Leves, Abortos Incompletos de Gravedad Media y Abortos Incompletos de Gravedad Alta.

A los efectos de establecer un criterio cuantitativo para conocer el nivel de frecuencia en que ocurren las distintas complicaciones, se siguieron los estudios de Tarragona y Monteverde (2018). Del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media el 2%corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.

Desde CEPA Géneros se construyó una metodología para estimar el costo de cada tipo de tratamiento médico asociado a cada nivel de gravedad y se valorizó cada uno, considerando los costos del sistema de salud público a diciembre del año 2020.

Así se estimó que el costo unitario por el tratamiento a un aborto incompleto leve, asciende a la suma de $42.915. Un aborto incompleto de gravedad media, tiene un costo unitario para el sistema de salud de $81.788. Por último, los abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad, implican un costo unitario por el tratamiento correspondiente de $132.425.

Considerando el total de egresos hospitalarios por abortos incompletos anuales y la probabilidad de ocurrencia detallada anteriormente del tipo de complicación:

"el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586 millones al año. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56,7 mil".

De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año.

El costo unitario de una caja de Misoprostol de 12 comprimidos cuesta $6.082 (Precio de venta al Público) según Kairos y el costo unitario de un  Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es de aproximadamente $15.620, según el relevamiento realizado por este Observatorio.

Si comparamos el valor de una caja de Misoprostol, el método más accesible y de los más seguros, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, llegamos a la siguiente conclusión: 

"El aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito".

Costo del aborto legal

Para la estimación del acceso al aborto seguro, se supone un escenario donde el total los abortos clandestinos (447.000) se realizaran a través de un método medicamentoso, con la consideración de que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el aborto. Este escenario arroja un costo fiscal anual de $3.325 millones.

Estos datos también nos permiten analizar que, si relacionamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos, con lo que vale una caja de Misoprostol, podemos concluir que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 mujeres, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres (lo que significa el 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año).

Asimismo, si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal Seguro y Gratuito se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En efecto, por los 45.600 egresos hospitalarios, una atención a tiempo con Misoprostol y AMEU en caso de requerirse, hubiera tenido un costo de $314 millones.

Sobre argumentos y derechos 

En las estimaciones del Observatorio de Géneros de la CEPA se consideraron estrictamente los costos asociados a la atención en el sistema de salud pero no se tuvieron en cuenta los costos de “bolsillo” (los costos de realizarse un aborto de manera privada), ni los costos asociados a las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado, que implican los daños asociados a los abortos inseguros. Si fuésemos a considerar todas estas dimensiones, el costo estimado sería considerablemente superior al que aquí se abordó.

Este valioso aporte del Observatorio de Géneros de CEPA suma el factor económico a los múltiples argumentos por los cuales el proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo debe aprobarse y sancionarse en nuestro país.  

Culminando 2020, un año en donde se evidenciaron más que nunca las dificultades provocadas por el COVID19 y cómo sus múltiples desigualdades recayeron con mayor intensidad sobre los sectores de la sociedad históricamente vulnerados, es tiempo de dar un paso en pos de una sociedad más justa para todas las personas gestantes.

Ahora es el momento de comprender el derecho a decidir como una problemática por la cual debe responder el Estado argentino, a través de la salud pública. Esperemos que, esta vez, el Congreso de la Nación y sus representantes estén a la altura del debate y se constituyan en verdaderos/as garantes de los derechos de su ciudadanía.

Por Gentileza Prensa

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